El Gobierno se enfrenta a cientos de reclamaciones de afectados del Covid que no pueden trabajar

La Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus (ANVAC), que cuenta con alrededor de 3.500 asociados en toda España, prepara para el mes de septiembre una oleada de reclamaciones a la Seguridad Social para que víctimas de secuelas del Covid-19 sean declaradas incapaces.

Esta es una de las tres vías que esta asociación está utilizando para reclamar sus derechos, junto con la administrativa para exigir, tanto a nivel autonómico como estatal, compensaciones por daños y perjuicios derivados de la pandemia, y la penal, en la que ya se han querellado contra el ex ministro de Sanidad Salvador Illa y contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias CCAES, Fernando Simón.

Tal y como explica a OKDIARIO el abogado de ANVAC, Pedro Tabarez, la vía laboral que se iniciará después del verano se encuentra en fase de preparación con cientos de damnificados interesados en la presentación de estas reclamaciones para no tener que reincorporarse al trabajo el mes que viene.

En este sentido, la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social establece que el periodo máximo por el que un trabajador puede estar de baja por enfermedad común es de 18 meses.

En concreto, el artículo 128 de la citada normativa señala que «tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación».

Una vez agotado el plazo de estos 545 días naturales (365 días más los 180 de prórroga), el trabajador deberá reincorporarse a su puesto de trabajo habitual.

Se da la circunstancia que las personas que contrajeron el virus durante las primeras semanas de la primera ola de la pandemia, en marzo del año pasado, y que, por las secuelas de la enfermedad, se encuentran desde entonces en situación de incapacidad temporal cumplirán ese plazo máximo fijado de baja en las próximas semanas.

Por ello desde ANVAC están preparando las reclamaciones a la Seguridad Social de aquellas personas que, una vez transcurrido ese tiempo, no pueden seguir trabajando por las secuelas del Covid y necesitan o bien alargar su incapacidad temporal hasta su recuperación total o bien obtener la incapacidad permanente.

Según el abogado de la asociación muchas de estas peticiones terminarán en la vía judicial, en la que, no obstante, se muestra optimista en la defensa de los derechos de los afectados.

Tanto es así, que ANVAC ha realizado un llamamiento vía redes sociales para que sus asociados y cualquier persona afectada por esta situación acuda a ellos para presentar su demanda.

✔️ PRESENTAMOS TU DEMANDA
Serían reclamaciones frente a la Seguridad Social del reconocimiento de la enfermedad como accidente de trabajo en los casos contraídos durante la prestación de su labor diaria o en sectores como funcionarios y militares, con amplia exposición al virus. pic.twitter.com/vspjHC2fDo

— Asociación de Víctimas y Afectados por Coronavirus (@ANVAC_) July 23, 2021

Respecto a la vía administrativa, ANVAC se ampara en la Constitución, que establece en su artículo 106 que «los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».

Más de 45 millones

Por el momento ya suman más de 300 denuncias a la Administración en este sentido. Con una media de entre 100.000. y 150.000 euros por cada reclamación individual -que en el caso de negocios puede ascender a más del doble-, según las estimaciones de la asociación, por el momento, Sánchez podría tener que desembolsar más de 45 millones de euros a los familiares de fallecidos por el Covid-19 y a quienes padecen secuelas por la enfermedad.

Por su parte, la vía judicial se encuentra en fase de instrucción en un juzgado de Madrid después de que el pasado mes de enero ANVAC se querellara, poco después de que abandonara el cargo de ministro, contra Illa y contra Simón por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, prevaricación y contra los trabajadores por su gestión de la pandemia.